La confrontación entre poderes volvió a mostrarse ayer en toda su dimensión, luego que cinco de los 14 congresistas incluidos por la fiscal suprema Delia Espinoza en las pesquisas por una presunta organización criminal dirigida por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, denunciaron constitucionalmente a la magistrada que los investiga con la finalidad de inhabilitarla y sacarla del caso.

La denuncia constitucional, firmada por Patricia Chirinos (Avanza País), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Luis Aragón y Luis Cordero (Acción Popular), e Illich López (No Agrupado), afirma que la magistrada ha cometido infracciones a la Constitución, así como abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones.

Los parlamentarios están comprendidos en las pesquisas porque un colaborador eficaz los sindicó de vender sus votos a Benavides a cambio de impunidad y, si son inocentes como muchos han asegurado, en vez de intentar tumbar el proceso deberían ser los primeros interesados en que este llegue a buen término y los exculpe, no usar sus prerrogativas contra sus investigadores.

Los congresistas alegan que debieron haber sido investigados por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y no por Espinoza, por su calidad de aforados. Lo lamentable es que en una pugna nadie busca la verdad, sino sus propios intereses.