La muerte de nueve trabajadores de minera Poderosa, en La Libertad, a manos de delincuentes peruanos y extranjeros, debería llevar a que el gobierno dé un golpe sobre la mesa e inicie la lucha frontal, pero de verdad, contra la minería ilegal que tiene tomadas distintas zonas del país, y a su vez erradique todo el delito que opera alrededor de las actividades extractivas al margen de la ley.
La sierra de La Libertad es solo un punto donde la minería ilegal y el hampa hacen lo que quieren. Lo mismo pasa en Madre de Dios, Puno, la parte alta de Piura y otras regiones donde las actividades extractivas fuera del orden legal generan contaminación ambiental, evasión tributaria, abusos laborales y, sobre todo, explotación sexual infantil, algo de lo que se habla muy poco.
Se han hecho algunos esfuerzos en Madre de Dios con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero la minería ilegal, esa que la presidenta Dina Boluarte dice que quiere formalizar, sigue operando con total impunidad. Ni siquiera los llamados “ambientalistas” protestan por la existencia de esta lacra que contamina todo el entorno.
Mandar policías a Pataz por una semana y luego retirarlos, no cambia las cosas en el país. Se necesita voluntad política y una verdadera estrategia integral para erradicar a los ilegales y a los “enclaves” que manejan a su antojo al amparo de delincuentes armados. Esta nueva versión del terrorismo no puede seguir operando con impunidad.
