Todo indica que Keiko Fujimori ganará la segunda elección presidencial y que Roberto Sánchez no aceptará el resultado final. Esto debido a que en los últimos días hemos visto la reacción irresponsable y extremista del líder de Juntos por el Perú. Cuestionar un proceso electoral es un derecho cuando existen pruebas sólidas y mecanismos institucionales para sustentar las observaciones. Lo que resulta peligroso es instalar sospechas permanentes sin evidencias concluyentes, porque ello erosiona la confianza en las instituciones y alimenta una polarización que el país ya no necesita.
Los peruanos no podemos seguir atrapados en una dinámica donde cada elección termina convertida en una disputa interminable sobre la legitimidad de los resultados. Una democracia madura exige vigilancia y fiscalización, pero también responsabilidad. Hasta el momento, si las autoridades electorales y los organismos competentes validan el proceso, corresponde respetar el resultado final. De lo contrario, se corre el riesgo de debilitar uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático: la confianza en el sufragio como mecanismo legítimo para decidir quién gobierna.
Más preocupante aún sería trasladar esa confrontación a las calles mediante movilizaciones que puedan derivar en enfrentamientos o actos de violencia. La democracia ofrece canales institucionales para resolver controversias; cuando estos son reemplazados por la presión y la confrontación, todos perdemos.
