Las claras señales de corrupción en las altas esferas de la Policía Nacional del Perú demuestran algo crudamente cierto: Este problema ya está tocando fondo y nada (ni discursos llenos de buenas intenciones ni promesas de las autoridades) parece capaz de revertir la situación.

Lamentablemente la corrupción es un lugar común en nuestro país. Ante este terrible panorama la presidenta Dina Boluarte dijo ayer que “aquí no habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores, estamos tomando las medidas para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción e impedir que los tentáculos de esos grupos que hasta hace poco estuvieron en los círculos del poder sigan actuando con total impunidad”. Con ello intenta darle a su Gobierno la dosis de moral necesaria para afrontar con ánimos renovados una lucha sin cuartel contra esta lacra que domina el escenario nacional.

La mandataria pretende darle un nuevo comienzo a su gestión. Quiere ponerle orden y mano fuerte a una estructura en descomposición y restaurar un sistema de valores. Sin embargo, debe recordar que si a su discurso no le insufla el poder de la acción, sus palabras decidirán muy poco. Lo que dice debe complementarlo con planes eficaces.

No le queda otra ya que la credibilidad y la confianza se vienen a pique en el aparato del Estado y así solo ganarán espacio la incertidumbre e inestabilidad, generando graves consecuencias para nuestra economía.