El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha puesto la puntería en los malos inmigrantes extranjeros que con su llegada al Perú no han hecho más que agravar aún más la situación de inseguridad ciudadana que nos afecta a todos. Sin embargo, es de esperarse que las medidas que se adopten sean coherentes, realistas y realizables, para que los anuncios no queden solo en palabras y en gestos efectistas para la platea que esta harta del delito en general, sin importar su nacionalidad.
Ayer se ha publicado en el diario oficial una norma que obliga bajo pena de multa a los responsables de hospedajes y a gente que alquila vivienda, a que reporten a Migraciones la información de sus clientes que deberán tener una permanencia formal en el Perú. De igual forma, se ha anunciado que las entidades bancarias deberán verificar la procedencia lícita del dinero que se deposita para ser enviado al exterior, como si esto último fuera tan fácil de hacer para separara la paja del trigo.
Suena bien, ojalá sirva. ¿Pero en medio de tanta informalidad será esto posible? No sería la primera vez que se hace demagogia con el problema que generan en el Perú los malos inmigrantes. El 28 de julio de 2023 la presidenta Boluarte anunció que daba 120 días de plazo a los extranjeros ilegales para que regularicen su situación. De no hacerlo, serían echados de nuestro territorio. Sin embargo, se cumplió el tiempo y que se haya sabido, no se ha botado a nadie.
Tiempo atrás, el hoy recluso expresidente Pedro Castillo intentó expulsar a su país a venezolanos con problemas judiciales en el Perú. Incluso fueron sacados de sus alojamientos y subidos en un avión en el Callao. Sin embargo la aeronave jamás pudo despegar porque en Caracas no dieron la autorización para su aterrizaje, simplemente porque la dictadura chavista tampoco quería recibir a esos indeseables que hasta estos días deben andar libres por las calles de Lima o cualquier otra de nuestras ciudades.
Anunciar medidas contra extranjeros delincuentes o ilegales puede generar rédito político, pero si todo es demagogia o no se puede llevar a la práctica porque el papel lo aguanta todo, mejor quedarse callados y no hacer papelones como los vistos hasta el momento entre tantos intentos desesperados que se hacen por reducir los índices de la criminalidad que está desbordada por la inacción de sucesivos gobiernos sin voluntad política para encontrar soluciones, que han preferido soplar la pluma al que toma la posta.
