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Cuidado con los extremismos irresponsables que plantean algunos como el congresista oficialista Juan Sheput, en el sentido de que si vacan al presidente Pedro Pablo Kuczynski, deberían renunciar Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz, primer vicepresidente y segunda vicepresidenta, respectivamente, para que asuma el titular del Congreso, Luis Galarreta, a fin de que convoque a elecciones y el fujimorismo ya no tenga 71 legisladores, sino apenas 15, según sus estimaciones.

¿Nos quiere decir el congresista Sheput que para perjudicar al fujimorismo y reducir su bancada, deberían renunciar Vizcarra y Aráoz, sin tener en cuenta las consecuencias políticas y económicas que eso traería para el país? ¿No es mejor dejar que asuma el actual embajador en Canadá, para que así esta crisis originada por el propio presidente Kuczynski se supere de la manera menos traumática para 32 millones de peruanos?

La Constitución establece mecanismos muy claros para la sucesión en el caso de que un jefe de Estado tenga que dejar el cargo, y ahí se dice muy claro que asume el primer vicepresidente, sin necesidad de ir más allá, salvo casos extremos que hoy no se ven en el horizonte político. ¿Por ver reducida la bancada del fujimorismo vamos a tener que ir a un proceso electoral con toda la inestabilidad que eso genera? No perdamos la perspectiva.

Ya bastante hemos tenido con ver a la izquierda tratando de ganar a río revuelto con su planteamiento de nueva Constitución, como para tener ahora a otras voces yéndose a los extremos para perjudicar a fuerzas rivales. ¿Dónde está la responsabilidad con el país? Recordemos que Vizcarra y Aráoz han sido elegidos por voto popular y cualquiera de los dos cuenta con la legitimidad necesaria para ponerse al frente del manejo del Perú.

Estamos en una situación complicada y se necesita cabeza fría, y más en las filas del propio gobierno. Lo que menos requiere el Perú, en estos momentos, es posturas jaladas de los pelos por apetitos personales o por perjudicar a las fuerzas rivales. No estamos para eso.

Los ciudadanos requieren una administración que siga trabajando para solucionar sus problema del día a día, y para eso hay que seguir al pie de la letra lo que fija la Carta Magna.