“Usted es libre para hacer sus elecciones, pero prisionero de las consecuencias”, sostenía el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda y, ciertamente en política, una cosa es que un pueblo elija mal a sus dignatarios y otra muy distinta, que se le imponga una elección trucha. La ley orgánica de elecciones No. 26859 describe en su Capítulo III todo el proceso que se realiza en un acto de sufragio en mesa: desde la firma del acta por parte de los votantes, pasando por la apertura del ánfora, conteo de votos, resolución de situaciones especiales o anómalas y, finalizado el proceso, la anotación de los votos en el “Acta electoral” respectiva, bajo responsabilidad de los miembros de mesa designados. El artículo 300 de la misma norma señala como “fin del escrutinio” el que las cédulas de votación de cada ciudadano, escrutadas y no impugnadas (es decir, validadas por los miembros de mesa), sean registradas en las Actas finales y destruidas por el presidente de la mesa, bajo responsabilidad. Es decir, el “Acta” se convierte en el único documento de custodia que debe llegar a las oficinas de la ONPE para su computo nacional, mientras que los votos emitidos, se eliminan.

Con estas reglas de juego, cualquier irregularidad o fraude podría consumarse en mesa, mediante la eventual y deliberada adulteración de las Actas respectivas y la inmediata destrucción de los votos emitidos por los ciudadanos, principalmente en zonas rurales o alejadas o en aquellas en las que no se cuente con personeros políticos ni autoridades de fiscalicen los procesos en sí mismos.

Ante esta posible fragilidad y vulnerabilidad del proceso, resulta pertinente, oportuno e importante atender la propuesta legislativa No. 3955/2022-CR promovida por el congresista José Cueto, que busca que las Fuerzas Armadas puedan custodiar una copia de cada una de las cédulas de votación efectuadas por los ciudadanos peruanos y que permitiría garantizar, con transparencia, el recuento de votos y su confrontación con el registro en actas y ofrecer garantías de fiscalización ante cualquier presunción de fraude electoral.

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