Es un principio del derecho que el acuerdo de las partes prima sobre todas las cosas. De ahí que si aquellas que mantienen un litigio como sucede entre Bolivia y Chile, que se encuentran dentro de un proceso jurisdiccional en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido a una demanda incoada por La Paz contra Santiago en el 2013 buscando que la Corte obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar para los altiplánicos, pueden desistir de continuar en el juicio si acaso así lo acuerdan. Lo anterior, que es jurídicamente viable, no sé si sea lo políticamente acertado para Bolivia. ¿Por qué razón Chile ahora sí estaría contemplando el arreglo directo si en más de cien años se rehusó frontalmente a hacerlo? La única posibilidad real y objetiva es porque sabe que las probabilidades de perder el juicio son muy altas y entonces no quisieran en la Cancillería mapocha tener que negociar con Bolivia obligados por un fallo, que tiene carácter imperativo, y que recrearía para los sureños el doloroso contexto de país nuevamente derrotado en La Haya. De otra manera, ni por asomo lo habría siquiera planteado como astutamente lo ha soltado José Miguel Insulza, el flamante nuevo agente chileno ante la Corte; además, no es lo mismo negociar por el imperio de un mandato judicial internacional donde salirse de las reglas es muy difícil que hacerlo en un espacio de entendimiento más cerrado que, por los antecedentes del demandado, nadie ni nada podría asegurar que no vaya a patear el tablero y se levante de la mesa con cualquier pretexto. Creo que Bolivia ya está montada sobre el caballo y debe seguir inmutable para adelante.

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