El anuncio del Gobierno de resolver de manera unilateral el contrato de Gobierno a Gobierno con Francia ha generado sorpresa, desconcierto y preocupación. No se trata de defender a una empresa, a un país socio o a una modalidad contractual específica. El punto central, y el más delicado, es la credibilidad del Perú como destino de inversión y como socio confiable en proyectos estratégicos de largo plazo.
Las decisiones en materia de infraestructura no pueden leerse solo en clave política o coyuntural. Cada mensaje que emite el Estado es observado con lupa por inversionistas, agencias de riesgo, organismos multilaterales y gobiernos que evalúan asociarse con el país. En ese contexto, una resolución unilateral, sin una defensa sólida, técnica y jurídicamente robusta, transmite improvisación y fragilidad institucional.
Resulta además inevitable preguntarse por la consistencia del argumento oficial. El contrato cuestionado fue una decisión de Estado de las gestiones anteriores, adoptada bajo marcos legales vigentes y con participación de múltiples entidades del Estado. Si existían vicios graves, estos debieron ser identificados y corregidos oportunamente.
Lo que se observa, más bien, es una tendencia preocupante: el desmontaje progresivo de proyectos estructurados para reconvertirlos en asociaciones público-privadas, impulsado desde el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con ProInversión.
La inversión no huye solo por falta de rentabilidad; huye, sobre todo, por la incertidumbre. Y hoy el Perú está enviando una señal innecesaria y costosa. Recuperar la confianza toma años. Perderla, apenas un anuncio. Ese costo reputacional no figura en presupuestos, pero termina pagándose con menos empleo, menos obras y menos futuro nacional.
