La acusación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori, miembros de su partido y allegados por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia, el llamado “caso cócteles”, por el que la excandidata presidencial estuvo presa en tres ocasiones, ha sido anulada por graves deficiencias en el caso presentado por el fiscal José Domingo Pérez, el cual ya había sido rechazado en múltiples ocasiones por un juez que, pese a todo, dio luz verde al inicio de la etapa oral.
Esto es un golpe muy duro para quienes por años han idolatrado al mencionado magistrado que era mostrado como un infalible apóstol y un paladín del derecho, la legalidad y la lucha contra la corrupción, para finalmente demostrar que no estaba a la altura del reto de investigar y preparar acusaciones con rigor y profesionalismo, y alejadas de todo afán de figuración y politización, eso que tanto daño ha hecho a la lucha contra los que nos han metido la mano al bolsillo.
La anulación del juicio por el “caso cócteles”, que no declara la inocencia de Fujimori y compañía, sino que devuelve todo a la etapa de investigación preparatoria, parte de un fallo del Tribunal Constitucional en favor de uno de los procesados, que se ha hecho extensivo para todos, esto debido a las carencias del trabajo de Pérez que en su momento, en la etapa de control de acusación, no fueron advertidas por el juez Víctor Zúñiga, que también tiene mucha responsabilidad en esta situación en extremo bochornosa.
Los nuevos vientos que soplan en la Fiscalía de la Nación con la llegada de Delia Espinoza, y en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el ingreso de un nuevo colegiado muy distinto al anterior, deberían servir para evaluar la permanencia en el cargo de Pérez, quien evidentemente no está en condiciones de hacer un trabajo eficiente que permita más adelante a la justicia determinar quién es culpable y quién no. Por algo fue desaprobado en una evaluación para ocupar una plaza en el Poder Judicial.
Es muy probable que en los próximos días veamos a Pérez en diferentes medios, lamentando el triste final de su acusación en el “caso cócteles” y culpando quién sabe a qué personajes. Lo cierto es que los resultados de su trabajo a ocho años del estallido del caso de las empresas brasileñas corruptoras, son un desastre y una burla a los peruanos que exigen justicia con máximo rigor y profesionalismo para los corruptos, pero sin show, fuegos artificiales, politización, abusos y prepotencia.
