La constante presencia de la Fiscalía, entrelazada con temas políticos, ha marcado la agenda nacional durante los últimos años, llevándonos por un camino de judicialización de la política y viceversa, lo que genera un grave daño a la institucionalidad.
Sin ser exhaustivos, señalamos casos de coyuntura que ilustran esta tendencia y lo perjudicial de que la defensa de la legalidad haya caído en manos de la cofradía caviar. Por un lado, tenemos el caso de la presidenta Boluarte, donde existe un interés dentro de la Fiscalía para colocarla en una situación adversa que la conduzca a la vacancia o renuncia. Es evidente que detrás se encuentran intereses políticos que buscan desestabilizar al Gobierno. Por otro lado, está el tema del ministro del Interior y exagentes de inteligencia.
Además, hemos presenciado el revés sufrido por la Fiscalía en el Caso Cócteles, donde la sala decidió la exclusión de varios acusados por el delito de obstrucción a la justicia, una decisión ajustada a derecho que sienta un precedente claro. Además, se acaba de excluir al fiscal Pérez del caso referente a la campaña de Fuerza Popular del 2021, alegando falta de objetividad.
Actualmente, atravesamos un momento difícil debido, en gran parte, a la injerencia de agentes políticos que invalida la persecución del delito y la defensa de la legalidad. Es urgente un acuerdo político de alto nivel que se refleje en los planes de Gobierno para las elecciones del 2026, y tomar medidas inmediatas para reorganizar el Sistema de Justicia de forma integral, acercándolo más a los principios de justicia y derecho, y alejándolo de los intereses políticos, ideológicos y de grupos de poder.
