​Día D: Sunedu avasalla

Vivimos en un Estado de Derecho con leyes que obligan a todos, donde nadie puede actuar según su interés o su personal parecer. Pero para las universidades públicas, el año comienza con una crisis de legalidad debido a la prepotencia del Gobierno. Constitucionalmente está claro: la autonomía es un principio inamovible, pero la pita se rompe por lo más delgado, lesionando el interés de los estudiantes, que el Gobierno pretende defender.

Comienza 2016 y acaba el plazo de la Sunedu para que se vayan los rectores que persisten en cumplir sus periodos. La ley universitaria no dispone que deban salir inmediatamente ni da atribuciones a ninguna institución para presionar, obligar o exigir que cesen el último día de 2015.

En pie de guerra, la Asociación de Universidades del Perú acordó que no cesarán a las autoridades elegidas democráticamente, que deberán culminar sus periodos. Razonable y legal, a contracorriente de la fuerte campaña mediática que distorsiona un tema simple con muchas aristas políticas. Cuando los rectores llamados “rebeldes” cumplan sus periodos, renovarán autoridades. Solo unos cuantos meses suficientes para rechazar el avasallamiento gratuito de la Sunedu, que amenaza con denunciarlos ante el Poder Judicial e incluso con llevarlos a prisión por rebeldía. Abuso mayúsculo. Lo peor es que las sanciones administrativas afectarán a estudiantes, pues a partir del Día D no se reconocerán diplomas con dichas firmas. Anularán, asimismo, el acceso a los fondos del Ministerio de Educación. Las universidades públicas bajo presión económica, política y mediática con prepotencia y abuso de autoridad. Es urgente una consulta constitucional que responda cuál es la ley que da a la Sunedu la facultad de cesar rectores y de fijar plazos para elecciones internas. ¿Qué parte de la ley universitaria así lo establece?