Ayer, 20 de junio, se celebró el Día Mundial del Refugiado, establecido por la ONU con trabajo relevante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR. Las cifras de personas que escapan del país donde nacen y viven solicitando protección de otro (refugiados) o de gentes que huyen de internamente dentro del territorio del Estado, es decir, sin salir del país (desplazados), ha llegado al escalofriante número de 100 millones en el 2022.
La violencia estructural y los conflictos de nunca acabar han agudizado esta situación. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) provocó cerca de un millón y medio de refugiados llevando esta realidad a la creación del referido ACNUR en 1950. Antes fueron palestinos en su mayoría, hace poco sirios e iraquíes, recientemente afganos, y hoy ucranianos, y junto a ellos, centroamericanos y haitianos, centroafricanos, congoleños, sudaneses y somalíes. Una cruel y bárbara realidad producto del conflicto que revela un verdadero drama con importantes consecuencias en la sociedad planetaria.
La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967 -que definió jurídicamente a los refugiados-, el derecho consuetudinario internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, obligan a los Estados a acoger a toda persona que solicite protección por la inminencia del peligro de su vida en el lugar donde se encuentre. Junto a los refugiados y desplazados, el ACNUR, estima que existen unos 10 millones de apátridas, una condición más grave todavía que tienen aquellos que no cuentan con una patria ni con derechos en otra nación o territorio.
Con todo lo anterior, el problema persiste por lo que haría falta una cumbre planetaria como la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración de Marrakech, Marruecos (diciembre, 2018) y tan importante como las de medio ambiente, lucha contra el terrorismo o lucha contra el narcotráfico, para abordarlo en su exacta dimensión. A pesar de las normas internacionales existentes, el gran debate es determinar qué es primero, la soberanía del Estado para decidir sobre los ingresos en sus fronteras o el derecho humano de los refugiados, siempre vulnerables.
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