A las desatinadas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte se suman las del ministro de Educación, Morgan Quero, quien ha dicho que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, respondiendo a la pregunta sobre el silencio gubernamental frente a las investigaciones de los 50 fallecidos en las protestas del 2022 y 2023.
El ministro Quero argumenta que le preguntaban por los autores de violaciones a menores. Pero recordamos que, en junio del 2024, el declaró que las violaciones contra niñas de la comunidad awajún, el segundo pueblo indígena amazónico más numerosos del país, eran “prácticas culturales”.
La discriminación y exclusión corroen las bases democráticas de cualquier país. Esconden los mecanismos de aprovechamiento y saqueo de los recursos e ingresos para una minoría que, aprovechando su poder de Estado, legisla exoneraciones tributarias para empresas, crea sin ningún sustento nuevas universidades y desecha cualquier asomo de calidad educativa, entrega pensiones al sector privado y reduce financiamiento a salud y educación, y mantiene y apoya el oligopolio de los mercados. Esta política neoliberal está siendo profundamente cuestionada. Las protestas de vertiente campesina de los años anteriores expresaron la profunda contradicción a la que han llevado políticas de lucro, políticas sin rostro humano, de ausencia y quiebre del Estado. Aún se puede corregir, hay que darse cuenta de esta necesidad o caminaremos hacia convertiros en un Estado fallido.
