La reciente declaración de la presidenta Dina Boluarte, apelando al debate sobre la pena de muerte para violadores de menores, evidencia un enfoque populista que desvía la atención de las responsabilidades inmediatas de su gobierno. En lugar de proponer medidas que están fuera de sus competencias legales, la mandataria debería concentrarse en abordar las falencias críticas dentro de las instituciones bajo su administración, como la policía nacional.
La negligencia policial en la protección de la ciudadanía, en particular de niñas y mujeres, ha quedado expuesta de manera escandalosa. Casos como el asesinato de una niña en Villa María del Triunfo y el homicidio de Sheyla, perpetrado por un efectivo policial, son evidencia de un sistema que falla en prevenir y sancionar. Más indignante aún es la denuncia en Comas, donde una madre informó que su hija fue víctima de abuso dentro de una comisaría por un policía cuando acudieron a denunciar un caso de acoso.
En lugar de discursos que buscan satisfacer la tribuna, el Gobierno debe mostrar liderazgo real. Esto implica investigar a fondo los casos de abuso y negligencia, sancionar a los responsables y, sobre todo, priorizar la protección de los derechos de los ciudadanos. El país no necesita promesas vacías ni debates simbólicos. Necesita acción, justicia y reformas.
