La renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular ha abierto un debate que trasciende un caso particular. Lo que hoy está en discusión no es únicamente la estrategia electoral de una organización política, sino el respeto al espíritu de las normas que regulan la participación democrática y la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral.
El hecho de que Rafael López Aliaga figure como primer regidor en la lista y que, de acuerdo con la interpretación de diversos especialistas en derecho electoral, pueda asumir la alcaldía si la organización política obtiene la victoria, ha despertado serios cuestionamientos. La controversia no se limita a la capital. Situaciones similares se presentan en otros distritos y provincias del país, lo que convierte este asunto en un tema de alcance nacional.
Las leyes electorales no solo deben observarse en su literalidad, sino también en el propósito que inspiró su creación. Si una norma busca impedir la reelección inmediata o establecer determinadas restricciones para el ejercicio del poder, cualquier mecanismo diseñado para obtener el mismo resultado por una vía indirecta inevitablemente genera dudas sobre su legitimidad, aun cuando existan interpretaciones jurídicas que intenten respaldarlo.
Es precisamente esa percepción la que termina afectando la credibilidad de las instituciones y el deterioro de la clase política.
