Recientemente, en el Callao, una diligencia crucial de la Fiscalía y la Policía contra una banda de asaltantes de camiones fue suspendida por la falta de abogados para los investigados. Este incidente evidencia los efectos contraproducentes de la nueva ley sobre el crimen organizado, que ha terminado por entorpecer las acciones inmediatas de las autoridades, favoreciendo a la delincuencia.
La ley, al exigir la presencia obligatoria de los involucrados y sus abogados en diligencias como los allanamientos, ha desnaturalizado el principio de acción rápida y eficaz que exige la lucha contra el crimen organizado. De este modo, se elimina el factor sorpresa, una herramienta clave en los operativos, permitiendo que los presuntos criminales dispongan de tiempo para esconder pruebas, huir o preparar su defensa con mayor facilidad. No se puede permitir que este tipo de operativos queden en suspenso por la ausencia de abogados, cuando lo que está en juego es la seguridad ciudadana.
Es evidente que este tipo de restricciones debilita la efectividad de la ley en lugar de fortalecerla. Ante este panorama, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha anunciado que se evaluará la normativa y ha reconocido que, de haber cometido errores, el Legislativo está dispuesto a rectificarse. Esta declaración refleja la preocupación sobre las consecuencias de la ley en la lucha contra el crimen, y aunque es un paso en la dirección correcta, se necesita más que simples palabras.
