Se va un año marcado por la lamentable consolidación del delito de extorsión sin que las autoridades hayan logrado hacer algo efectivo para neutralizar esta lacra que afecta a transportistas, bodegueros, emprendedores, pequeños restaurantes, artistas, informales y a cualquiera, grande o pequeño, que intente llevar dinero para su familia. Son delincuentes que no solo piden plata, sino que también cumplen sus amenazas y matan a balazos a quienes se niegan acatar sus cobardes exigencias.

Según la propia Policía Nacional del Perú, entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de este año se han presentado 16 mil 204 denuncias por extorsión. La mayoría fueron de comerciantes, pero no se salvan ni las amas de casa, colegios o responsables de comedores populares. Es decir, estamos ante criminales de la peor ralea a los que no les interesa ni siquiera amenazar o disparar encima de la cabeza de niños, como hemos visto en este año sanguiento que se va. Por eso, el sicariato resulta una actividad ligada directamente a la extorsión.

Lamentablemente, pese a que un nuevo año implica tener esperanza en lo bueno que nos pueda venir, es difícil ver luz al final del camino. Por un lado, la presidenta Dina Boluarte acaba de calificar de “valiente” al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que en lugar de hacer gestión por la seguridad anda más ocupado en sus escándalos y en lograr sobrevivir un día más. En otras palabras, lo ha ratificado, a pesar de que los estados de emergencia han fracasado y incluso los secuestros están en boga.

De otro lado, en el Ministerio Público, célebre por soltar a peligrosos delincuentes que caen con evidencias suficientes como para afrontar sus procesos en prisión preventiva, tampoco hay voluntad de cambio. El domingo pasado, en entrevista a El Comercio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha descartado, en nombre de su autonomía, cualquier posibilidad de reorganización. Dice que no hay crisis en su institución, así que seguiremos viendo a magistrados cómplices del hampa actuando con total libertad, y quizá persiguiendo a policías que usan sus armas contra delincuentes. Para eso sí son buenos.

Y mientras tanto, el ciudadanos de a pie tendrá que seguir a merced de la extorsión, pese a que en el Perú ya deberíamos ser expertos en hacer frente a este delito, pues desde hace casi 20 años viene actuando con total impunidad en ciudades del norte del país. Nada se hizo en el pasado y nada se hace ahora, así que va para largo. El de Boluarte será uno más de los tantos gobiernos que pasaron por el poder y dejaron avanzar a este tipo de criminalidad que se ha visto incrementada por la llegada al país de algunos malos extranjeros. De terror.

PD. Este director se va de vacaciones y vuelve el 1 de enero del 2025.