Víctor Polay Campos debe ser uno de los peores secuestradores y asesinos que ha surgido de este país por más que muchos hayan querido alejar su accionar y el de su grupo terrorista, el MRTA, de la barbarie que desató Sendero Luminoso desde inicios de los años 80, para tratar de mostrarlo como el “líder” de un grupo de “románticos” que salieron a hacer una “revolución” en favor de los desposeídos. Pura farsa, estos son unos carniceros que se están burlando nuevamente de los peruanos y en especial de sus víctimas.
Este criminal ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a llorar por el mal trato que dice que recibió desde que fue detenido en 1992 en un café de San Borja. Sí, el rey de las infames “cárceles del pueblo” donde encerraron por meses a peruanos como Héctor Delgado Parker, Héctor Jerí, Raúl Hiraoka y David Ballón Vera, y al boliviano Samuel Doria Medina, por citar solo a algunos, viene ahora a reclamar. Quizá este indeseable quería una celda con licor, jacuzzi, comida gourmet y mujeres.
Polay y su banda de asesinos, la mayoría de los cuales ya salieron en libertad por esa “justicia” que solo se encuentra en el Perú, son responsables también del asesinato del general Enrique López Albújar en venganza por la eliminación de una columna terrorista que iba a atacar Jauja, de la sangrienta toma de Juanjuí y del cruel asesinato de un grupo de homosexuales y trans, a los que sacaron de una discoteca de Tarapoto para hacer lo que llamaban una “limpieza social”.
Es verdad que es casi imposible que la CIDH haga que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes, altere en algo la sentencia que paga este asesino y que acaba, mucho ojo, en el año 2026, pero indigna que este sujeto se siga moviendo para aparecer ante el mundo como una víctima, lo que no es más que una burla para todos los peruanos y en especial a sus víctimas que lograron sobrevivir y a los deudos de quienes murieron a manos de estos terroristas.
El MRTA fue eliminado militarmente con el brillante e histórico rescate de los rehenes de la embajada de Japón en abril de 1997, pero su cabecilla máximo insiste en apelar a la ideologizada CIDH, cuyos miembros, sin duda alguna, de haber estado de visita en el Perú en los años 80, hubieran sido blanco de un ataque con balas y dinamita de parte de estos criminales. Esos que ahora defienden, hubieran hecho su “revolución” ametrallándolos y quizá colgando sus cadáveres en un poste. ¿Alguien lo duda?
