El Perú vuelve a tropezar con una vieja piedra: Ejecutivo y Poder Judicial enfrentados, intercambiando cuestionamientos mientras el país observa con creciente preocupación. Esta vez, la chispa surgió en Naciones Unidas. La presidenta Keiko Fujimori sostuvo que, 34 años después de la derrota del terrorismo, militares y policías que participaron en esa lucha continúan siendo procesados sin el debido proceso. Casos así, hubo y hay varios. Fuera quedan los malos elementos bien condenados.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respondió pidiendo que la mandataria se retracte y defendiendo la independencia de los jueces, como si este poder público no hubiera dado algunas muestras de politización, corrupción e ineptitud.
La discusión merece seriedad y no polarización. Fujimori tiene derecho a destacar el papel que cumplieron las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. Tello, por su parte, tiene el deber de defender la autonomía judicial, pero no a ojos cerrados ni con casi fanatismo. Ambas cosas pueden coexistir. Lo que no necesitamos es convertir una discrepancia institucional en una nueva batalla entre poderes.
Resulta excesivo elevar esta discrepancia al nivel de una crisis institucional. Pero la respuesta más inteligente de la señora Tello habría sido invitar a revisar públicamente los casos en los que se alegue vulneración del debido proceso, en lugar de convertir el pedido de rectificación en el centro de la discusión.
