En un mundo ideal, el proyecto de ley de Waldemar Cerrón que pretende someter a los jueces y fiscales a los vaivenes de las decisiones políticas del Legislativo, debería ser archivado sin mayor demora en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
El proyecto, que es abiertamente inconstitucional, atenta contra la separación de poderes y ha ocasionado que, por primera vez en mucho tiempo, incluso el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, haya salido a hacerle el pare a esta intentona del Parlamento de someter a los operadores de justicia al escrutinio de políticos.
Con esto no queremos decir que los jueces y fiscales deban estar exentos de control, pero no pueden ser evaluados ni mucho menos sancionados por el poder político porque, precisamente, este tiene otros intereses.
La labor de los jueces y fiscales puede tener muchas críticas, es más, desde este espacio siempre hemos levantado nuestra voz contra los fiscales que politizan su labor. Por eso es que también debemos rechazar este intento, por más que Waldemar Cerrón diga que su ley está dirigida contra los malos jueces y fiscales.
El congresista puede ser todo lo dialéctico que quiera, pero si llega a pasar todos los filtros, su ley no se aplicará a uno u otro juez, sino que sería un arma que podría ser usada contra cualquiera que le sea incomodo a cualquier parlamentario, y eso es bastante preocupante.
