Nelson Shack es el contralor general que ocultó información en su hoja de vida sobre su vínculo laboral con la Universidad César Vallejo (UCV), cuyo dueño es César Acuña Peralta, líder de Alianza para El Progreso (APP), una agrupación política que cuenta con gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales y una numerosa bancada congresal.Resulta, pues, que la Contraloría General de la República, cuyo máximo jefe es Shack, tiene la obligación de vigilar el uso del dinero en las entidades públicas, como los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales, entidades copadas por militantes y dirigentes de APP.
¿Se puede lograr imparcialidad en este caso?¿Quién fiscaliza al fiscalizador? Tendría que ser el Congreso de la República, donde APP tiene una bancada de 15 parlamentarios, cuyos integrantes, a diferencia de Chiabra y Echaíz, son subordinados a las decisiones de su líder César Acuña. ¿Alguien ha dicho algo en el Legislativo sobre esta conveniente omisión de información de Shack sobre su vínculo con la UCV? Es intocable.
Una de las fórmulas más conocidas de los grupos políticos para tener agarrados de los cojones a quienes deben vigilarlos, es hacerlos parte del grupo o partícipes de las ganancias. En este caso, vale preguntarse: ¿cuántos jueces y fiscales, además de periodistas, enseñan en la UCV y no lo han declarado? ¿Quiénes como Shack son subordinados, indirectamente, de Acuña?
