La confidencialidad suele confundirse con la opacidad; sin embargo, la Constitución Política del Perú establece una barrera frente al arbitrio del poder. Se trata del derecho a mantener reserva sobre las convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de otra índole, y a guardar el secreto profesional (inciso 18, artículo 2 Const. 1993).
A lo largo de la vida republicana, el Derecho Constitucional peruano evolucionó desde proteger la libre difusión de pensamiento hasta resguardar la facultad de callar. Si durante el siglo XIX el Estado exigía la fidelidad a un culto oficial, la Constitución blinda el fuero interno, proscribiendo la persecución por ideas o la obligación de declarar sobre sus creencias personales. En este marco, el secreto profesional se consolida como un derecho-deber.
El Tribunal Constitucional nos aclara que no es un beneficio corporativo, tampoco un privilegio de abogados, médicos o periodistas, sino una garantía para todo ciudadano. u propósito es permitir la confidencia de datos sensibles para tutelar la intimidad y proteger al profesional frente a cualquier coacción que busque forzar delaciones
Es una garantía que ampara la objeción de conciencia, que permite eximirse de un deber que fracture la moral individual y que se diferencia de la desobediencia civil con fines políticos. En una democracia plural, el derecho al silencio no obstaculiza la justicia, sino que ratifica la intangibilidad de la conciencia personal frente a cualquier pretensión estatal.




