La frase apócrifa atribuida al imberbe Luis XIV de Francia nos revela el desprecio a la ley que puede tener una autoridad, y que –en nuestra realidad– constituye un problema tan grave como la inseguridad de nuestras calles, pues ambas situaciones generan incertidumbre, alejan a la inversión privada, y afectan a la seguridad y desarrollo de todos.
Por eso, la seguridad nacional tiene como uno de sus objetos de protección al “Estado constitucional democrático de derecho” porque la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes es indispensable para la supervivencia de la República.
El cese del general Angulo como comandante general de la Policía contraviniendo la Ley 31570, no solo afecta la institucionalidad de esa importante fuerza pública; además. Da una pésima señal de inseguridad jurídica, y muestra que a las autoridades pareciera no importarles el cumplimiento del artículo 109 de nuestra Constitución, que señala que “la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.
Tratar de justificarse con la falta de actualización del reglamento del Decreto Legislativo 1267 (cuya fecha límite era el 09 de noviembre de 2022) podría entenderse como incapacidad para comprender la Constitución y la ley citada, o también como un signo de soberbia que intenta aprovecharse de la indolencia ciudadana o su poco conocimiento.
En cualquiera de los casos, no se ayuda al Perú. Hacerlo implica que las autoridades obren dando el ejemplo, respetando la ley y no aprovechándose del cargo efímero para imponer su voluntad; y la sociedad, reaccionando ante el desorden.
