El paro de transportistas programado para ayer por un grupo de gremios fue parcial. La mayoría de empresas de transporte en Lima y Callao no acató la medida de fuerza contra el Gobierno para que frene las extorsiones, asesinatos de choferes y buses baleados. Es evidente que no hubo unión ante las mismas necesidades, pues muchos denunciaron que había intereses políticos detrás de las manifestaciones.
El paro, como único mecanismo de presión para que el Gobierno tome medidas efectivas contra la criminalidad, no fue contundente. Sin embargo, los reclamos son justos. Los transportistas son asesinados y extorsionados sin tregua. Vivimos en una sociedad golpeada por la violencia que afecta a todos. Hasta el 5 de febrero de este año, hubo 200 homicidios en todo el Perú, mientras que cada 56 minutos se registra una denuncia de extorsión en la capital.
Más allá de que el Gobierno y su entorno intenten minimizar el impacto del paro de transportistas calificándolo de fracaso, es fundamental recordar que nadie merece ser extorsionado ni ser asesinado por trabajar. Nuestros gobernantes deben abandonar la indiferencia y actuar con urgencia.
Ni los transportistas ni la ciudadanía en general podemos resignarnos a vivir con miedo. Es momento de exigir respuestas claras y acciones concretas. El gobierno debe asumir su responsabilidad con determinación y liderazgo. La seguridad no es un privilegio, es un derecho.
