El presidente José Jerí ha elegido un camino cómodo y peligroso: negar la magnitud de la inseguridad en Lima, Callao y el resto del país. Mientras las muertes por la criminalidad aumentan agrupadas bajo el eufemismo de “muertes violentas”, el Gobierno repite el libreto que ya se vio con Dina Boluarte: culpar a mafias, complots y “afanes desestabilizadores”, pero nunca a la incapacidad de su propia gestión para frenar la escalada criminal.
En los primeros días de 2026 se han registrado al menos ocho atentados contra el gremio de transportes en Lima y Callao. La ola criminal de 2024 y 2025 nunca amainó y ahora las mafias son más fuertes que el Estado y cobran vidas a quienes no pagan cupos.
Gremios de transporte estiman que cerca del 80% de las empresas del rubro paga cupos, muchas a dos o hasta tres organizaciones a la vez. Pese a esto, Jerí insiste en que la inseguridad “está en descenso” gracias al estado de emergencia y sus planes, mientras choferes, cobradores, mototaxistas y pasajeros caen asesinados. Buenas intenciones tiene, pero urgen resultados.
Jerí prefiere convertir la violencia en un problema abstracto antes que admitir que su estrategia no funciona. El peor ciego es el que no quiere ver. El primer acto de responsabilidad sería admitir el fracaso y corregir el rumbo. Persistir en la negación solo garantiza más muertos y más ciudadanos abandonados a su suerte.
