El pasado viernes, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó una tensa conferencia de prensa donde, además de ponerse prepotente con periodistas que le hicieron cuestionamientos válidos sobre sus dichos y actitudes, presentó “peritajes” de parte, elaborados por su propio partido, como si fueran evidencia de un complot para dejarlo fuera de segunda vuelta.
Quitando el ruido de la conferencia, lo cierto es que ninguna de las denuncias de López Aliaga soporta mayor escrutinio. Si bien la Misión de Observación de la Unión Europea y la OEA reconocieron fallas logísticas graves de la ONPE, que deben ser investigadas y sancionadas, fueron categóricas al señalar que en la primera vuelta no hay indicios de fraude.
Pero esta actitud no es nueva. López Aliaga y sus seguidores gritan fraude desde que perdieron el primer lugar en las encuestas luego de liderarlas por meses. La caída de López Aliaga, más que a acciones de sus contendientes, se debe a errores propios. Ya en otros editoriales lo comentamos: insultar a ciudadanos y escudarse en la frase “es mi opinión”, es una pésima estrategia electoral.
Es innegable que la ONPE ha hecho un pésimo trabajo y los responsables deben sancionar, pero con actitudes como esta, flaco favor le hace López Aliaga a la democracia. Un candidato que descalifica el proceso porque va perdiendo, no defiende al ciudadano sino a sus intereses.
