El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, ha sido destituido luego de la escandalosa fuga de un delincuente venezolano del penal de Lurigancho frente a sus celadores que no tuvieron mayor reacción, y por el descubrimiento de que incluso en el supuestamente ultraseguro penal de Challapalca, en las alturas de la región Tacna, los internos, todos de alta peligrosidad, había logrado instalar una antena a fin de conectarse a internet. No había otra alternativa ante estos hechos.

Sin embargo, sería bueno preguntarse si con la llegada de un nuevo titular de la institución, los penales van a estar seguros, sin hacinamiento y sin que sigan siendo, como desde hace muchos años, centros de operaciones de delincuentes que a través de teléfonos celulares que ingresan sin mayores inconvenientes, continúan extorsionando y hasta ordenando asesinatos, algo que el saliente Llaque no terminaba de admitir a pesar de que las evidencias saltaban a los ojos.

El problema de las cárceles en el Perú no es que el señor Llaque continúe al frente o no, sino que a lo largo de muchos años y diferentes gobiernos, no ha existido voluntad política de encarar la severa problemática penitenciaria. El hacinamiento viene de décadas, solo que ahora la situación es más aguda por la ola de violencia que se veía asomar desde hace al menos 20 años, cuando la extorsión y el sicariato se sumaron a los ya frecuentes asesinatos, robos, violaciones y demás.

Una solución, aunque sea parcial, al hacinamiento, ha podido ser el uso de grilletes electrónicos, que desde hace años son anunciados para poder vigilar a los reos de menor peligrosidad sin que estén dentro de un penal ocupando los espacios que no sobran. Sin embargo, hasta ahora la utilización de estos dispositivos es muy limitada por razones que sería bueno saber. Los bloqueadores de celulares en los penales son otra mecida que lleva mucho tiempo sin ser llevada a la práctica.

Lo que necesita un país agobiado por la criminalidad son cárceles seguras y que funcionen bajo un sistema eficiente y sin corrupción que no sea una burla, especialmente para los que son extorsionados desde penales que en la práctica son guaridas de hampones que aún bajo la vigilancia del Estado, siguen haciendo lo que les da la gana. El problema es de fondo y ojalá se arreglara con la llegada de un nuevo jefe del INPE que en las actuales condiciones, poco podrá hacer.