En los últimos veinticinco años, la continuidad de los procesos electorales ha alcanzado una vigencia inédita en nuestra historia republicana. En décadas pasadas, los golpes de Estado y sus regímenes de facto interrumpen el orden constitucional para, tras finalizar y retornar a la democracia, “reiniciar” la institucionalidad mediante asambleas constituyentes provocando un ciclo de rupturas que truncó la maduración natural de la clase política.
A diferencia de un accidente, cada quiebre democrático produce una herida de consecuencias incalculables para el Estado de Derecho y las libertades. Los golpes no solo destruyen el presente, sino que “infantilizan” el futuro de los políticos al impedirles desarrollar mecanismos de negociación frente a las crisis. Otro síntoma es la incapacidad de los actores para resolver conflictos, sin recurrir a la judicialización de la política (lawfare) como arma contra el adversario.
Las democracias más longevas saben que las fricciones en la convivencia política solo se sanan en democracia. Nos urge una clase civil capaz de identificar esas “líneas rojas” que no se deben cruzar. El poder no se ejerce como quien disfruta de una propiedad, es un préstamo temporal debidamente reglado por principios y reglas constitucionales. Si los operadores políticos persisten en usar las instituciones para aniquilar al rival en lugar de dialogar, seguiremos condenados al vicio del eterno comienzo, huérfanos de estabilidad y estancados en una permanente infancia institucional.
