Al gobierno de turno no le quedaba de otra que cortar la concesión de la tercera etapa de Chavimochic con el consorcio corrupto que integraron Odebrecht y Graña y Montero (ambas con otro nombre), así en Trujillo algunos hayan pegado el grito al cielo queriendo que estas empresas continúen la obra.

En la capital de La Libertad, un sector del empresariado (Cámara de Comercio) estaba haciendo un lobby para que el consorcio corrupto culmine con la construcción de la presa Palo Redondo con la finalidad de dotarle de agua a las agroexportadoras. En este caso, pugnaban por una millonaria adenda a favor de los constructores coimeadores.

Es decir, el lobby agroexportador se imponía sobre los intereses ciudadanos, a quienes finalmente les robó el consorcio corrupto. No le importaba que Momón y compañía ganen dinero con tal de que no se vean perjudicados sus intereses empresariales. Así, presionaban para que el gobierno de turno pacte con estos bandidos.

El problema ahora es quién y cómo se ejecuta el saldo de obra que dejaron en este proyecto de irrigación. Por lo leído, las posibilidades más accesibles son: obra pública y gobierno a gobierno, aunque barajan que haya otra alternativa más para culminar, lo que tomará más de un año. Esto es lo preocupante porque se debe sincerar las cuentas.

En lo primero, que es lo más real, el Ejecutivo tendrá que abrir sus arcas para el saldo de obra, un aproximado de 150 millones de dólares. Y lo segundo, que Proinversión inicie una licitación por un hueso duro que dejaron los corruptos. Esto último es muy complicado, si le sumamos el deterioro de una obra que lleva cinco años paralizada.