Alguien debería decirle a la presidenta Dina Boluarte que mientras su ministro del Interior, Juan José Santiváñez, trata de sobrevivir en el cargo en medio de las turbulencias generadas por su amistad con un policía apodado “Culebra” y un audio grabado en un chifa, los extorsionadores van ganando espacios en las calles, al extremo que hay empresas de transporte que están dejando de operar debido al peligro que corren las vidas de sus trabajadores y pasajeros que están a merced de los delincuentes.

El que los extorsionadores apunten a las empresas de transporte no es una novedad. Ha venido sucediendo en Trujillo desde hace casi 20 años. Con esa ilícita actividad empezaron “Los pulpos” y por lo tanto en el Perú deberíamos ser expertos en hacer frente a este tipo de delitos. Sin embargo, hasta hoy las autoridades no saben qué hacer ante estos criminales que amenazan, matan y de paso dañan la economía de cientos de personas que ven a un Estado que no sale en su defensa.

La extorsión en el Perú es como un cáncer que ha ido creciendo de a pocos. Sucede en las narices de todos, incluyendo a las autoridades carcelarias que son consciente de que desde dentro, a través de teléfonos celulares que ingresan ilegalmente, el hampa hace lo que quiere. Lo vimos tras un operativo llevado a cabo días atrás en el penal de Lurigancho. Lamentablemente, en este gobierno ni en los anteriores ha habido voluntad política de enfrentar una situación que a todos se les ha ido de las manos.

Al gran problema que viene del Poder Ejecutivo, se suman el Ministerio Público y el Poder Judicial, que actúan con una benevolencia frente al delincuente que ya parece complicidad. Casi a diario se sabe de jueces y fiscales que liberan con suma facilidad a indeseables a los que se debería encerrar sin la menor contemplación. A los señores magistrados, si tanto les preocupa el bienestar de los criminales, mejor dejen el servicio público y conviértanse en sus abogados. Sería más honesto.

Así como vamos, estamos por un pésimo camino. Más si se cree que con soldados en las calles de va a poner freno a la extorsión que aparte del sector transporte, ha puesto en la mira a restaurantes, incluso a los más pequeños. ¿Así se busca que el peruano emprenda y salga adelante? Es comprensible que muchos peruanos cierren sus negocios al sentirse abandonados y defraudados por autoridades cuya función primordial es procurar el bienestar de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo?