La sintomatología del pánico que tiene el presidente Pedro Castillo a que lo investiguen -y sigan saliendo más perlitas sobre la podredumbre que gobierna su gestión de casi un año- está refrendada en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para darle carácter punitivo a la difusión de información fiscal.

Se trata de una jugarreta que lo único que persigue es ponerle un caparazón (o una concha) al profesor chotano y que casos como Sarratea, Provías Descentralizado-Puente Tarata y las diversas denuncias de Karelim López y Zamir Villaverde no presenten mayores detonantes sobre los eventuales actos de corrupción advertidos.

En ese cometido, el mandatario que habla a cuentagotas y que cuando lo hace resulta enredado, poco didáctico, repetitivo y soporífero, pretende poner cortapisas al trabajo de la prensa (y de los propios magistrados) para que la población no conozca las inmundicias que discurren por los diversos niveles del Estado.

Esta amenaza de mordaza ya fue repudiada en todos los idiomas por los gremios periodísticos y se espera que el Congreso, muy a pesar de “Los Niños” y una que otra bancada apañadora, se ponga los pantalones y le cierre el paso a este capricho propio de las dictaduras y los modelos extremistas.

En el país, no lo olviden, gran parte de las denuncias que han dado pie a indagaciones profundas sobre mafias, crimen organizado y corruptelas nacieron en las unidades de investigación de los medios de comunicación, y cortarles las alas a estas implica conchabarse con el delito y, de eso, tendrán que dar cuenta también el primer ministro y el ministro de Justicia, que le hacen la comparsa a Castillo Terrones.

Pregunta del estribo: ¿El presidente sabrá qué cosa es la Declaración de Chapultepec?