El rechazo casi unánime esgrimido por todos los niveles de gobierno y la ciudadanía en general a la admisión a trámite, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de una demanda interpuesta por el delincuente terrorista Víctor Polay Campos contra el Estado peruano es más que destacable y servirá, además, para separar la paja del trigo.
No se puede ser leve en deplorar a la delincuencia terrorista que nos sumió en la barbarie en las últimas décadas del siglo pasado ni intentar justificar a los asesinos y secuestradores que ahora pretenden obtener una reparación del Estado que trataron de destruir.
Por ejemplo, las lamentables declaraciones de la congresista María Agüero (Perú Libre) cuando la prensa la interpeló sobre su opinión respecto a la decisión de la CIDH no deben ser olvidadas. Recordemos que ella ha defendido también a una investigada por terrorismo cuando pidió “no mancillar” el nombre de la llamada “camarada Vilma”.
La cita entre ministros y procuradores para responder como gobierno, de manera colegiada, a esta demanda debe ser el camino que se tiene que seguir en todos los casos como este. Los peruanos y peruanas debemos unirnos en nuestro rechazo al terror y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esta época aciaga no vuelva a repetirse.
