Más que un “error material”, la omisión de la Cámara de Diputados de la autógrafa de la ley que entrega facultades delegadas al Poder Ejecutivo podría considerarse como una confirmación de cómo van las cosas en el Poder Legislativo.
En un editorial anterior ya habíamos cuestionado el trabajo del Congreso bicameral, donde la oposición cree que puede hacer lo que quiere porque controla la Cámara de Diputados y no hay forma de llegar a acuerdos. Recordemos a una legisladora de Buen Gobierno cuando dijo que no le darían “nada” al gobierno.
Ahora la primera ley de este Congreso está cuestionada. Fuera de los puntos que agregó la Comisión de Constitución al dictamen aprobado en Diputados y la controversia surgida en ese grupo de trabajo, lo cierto es que esta norma, solicitada con vehemencia por el Ejecutivo “para hacer frente a la inseguridad y al fenómeno El Niño”, nace con la marca del “error material”.
La “fe de erratas” de la norma, ordenada por el presidente del Senado, Miguel Torres, podrá subsanar el error que no es como para pensar en una censura, pero le da a esta nueva ley una marca de confrontación entre cámaras que muestra cómo van las cosas en este Congreso que se supone debía ser distinto a los anteriores.
Más allá de temas “materiales”, es de esperar que lo aprobado sirva realmente como una herramienta para hacer frente a la extorsión y el sicariato, y para impedir que ciudades como Tumbes y Piura terminen bajo el agua.
