¿Cómo explicará el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que pese al estado de emergencia decretado en la zona, grupos de delincuentes disfrazados de mineros ilegales sigan atacando a los extractores formales no solo en Pataz sino en toda la región La Libertad?
Fuera de su renuncia al partido Progresemos horas después de que él mismo diera a conocer su afiliación, sus pomposos mensajes y apariciones en “operativos” sería bueno saber ¿cuál es la estrategia que aplicará Santiváñez para hacer frente a estos grupos criminales que se saben protegidos por el poder político?
No olvidemos que, gracias a 78 votos del Congreso, se amplió el plazo de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y se aprobó una norma que, en la práctica, impide a la Policía enfrentar la tenencia de explosivos en mineros ilegales.
Lamentablemente, no importa lo que digan ni el ministro ni el gobierno porque estamos en manos de los ilegales. A esto hay que sumarle que el Ejecutivo, empezando por la presidenta Dina Boluarte, optó por desentenderse de las tropelías del Congreso porque necesita llegar al 2026 y, para ello, pusieron su supervivencia por encima de la ciudadanía. La única esperanza que queda es que, más adelante, tendrán que responder por sus acciones y, más aún, por sus inacciones.
