Crece cada vez más la concentración del poder en manos del Congreso, controlado y manejado por una alianza política conservadora liderada por el fujimorismo.
Además de consolidar esta dictadura, buscan gobernar desde el poder Legislativo y para ello destruyen la institucionalidad, rompen la división y equilibrio de poderes fundamentos de la democracia.
La incapacidad política de este Congreso lleva a la judicialización de la política, la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial, convertidos en actores políticos, marca el ritmo y compás diario.
El Tribunal Constitucional ha violado la Constitución al ignorar la decisión de la Corte Suprema y suspender a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. La Constitución señala: “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional … ni cortar procedimientos en trámite…” (artículo 139° inciso 2°), por tanto, el Tribunal constitucional actúa como furgón de cola del Congreso.
La disminuida JNJ no pudo ratificar al jefe Nacional de la ONPE, con lo cual las fuerzas retrógradas avanzan en controlar los organismos electorales, buscando asegurar su triunfo en elecciones nacionales, regionales y municipales del 2026, por mecanismos ilegítimos.
La democracia que queremos es la que combate la corrupción, el abuso del poder y garantiza la libre participación de los ciudadanos en la vida política.
La verdadera democracia debe abrirnos el camino a un país donde las desigualdades se combatan abriendo la posibilidad de garantizar igualdad de oportunidades para todos, donde podamos acceder a servicios públicos de calidad y donde el ejercicio real de la ciudadanía sea nuestro derecho.
