En medio de un contexto donde la delincuencia crece de manera alarmante en todo el país, el Gobierno muestra una debilidad preocupante para enfrentar esta grave amenaza. El Congreso, por su parte, continúa ignorando el clamor de la mayoría de los peruanos, oponiéndose incluso a debatir la derogatoria de la controvertida ley N° 3218, que muchos consideran como un beneficio directo al crimen organizado.
La pregunta es inevitable: ¿Al servicio de quiénes están el Ejecutivo y el Legislativo? Claramente, no al servicio de la ciudadanía. La falta de acción y la resistencia a cambiar normas que favorecen al crimen organizado no hacen más que transmitir un mensaje de complicidad. Con cada día que pasa sin respuestas, se refuerza la idea de que las autoridades, en lugar de combatir, están facilitando el avance de quienes están sumiendo al país en el caos y la inseguridad.
No es una percepción aislada. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) ha sido contundente: “Existe un gobierno en paralelo: el crimen organizado, y está ganando la batalla al Estado y destruyendo al país”. Esta afirmación cobra fuerza en un Perú que siente cómo su tejido social y económico se desmorona.
¿Hasta cuándo se permitirá que el crimen organizado campee con impunidad? El Perú necesita liderazgo, firmeza y, sobre todo, un compromiso real de sus autoridades para defender a sus ciudadanos.
