La situación laboral en el Perú se ha convertido en un motivo constante de preocupación para millones de ciudadanos. El reciente informe de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) revela una realidad alarmante: cuatro de cada diez trabajadores, equivalente a 7.7 millones de personas, perciben ingresos por debajo del salario mínimo establecido.
Paralelamente, la tasa de informalidad laboral se sitúa en un preocupante 71.1%, mientras que las condiciones laborales han empeorado en la mitad de las regiones del país durante el año 2023. Estas cifras son un fiel reflejo de la difícil realidad que enfrentan los peruanos en el ámbito laboral, dejando en evidencia la necesidad urgente de acciones concretas por parte del Gobierno para abordar esta crisis.
La frustración de la población ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades es palpable. A pesar de las promesas y los discursos bien intencionados de parte del Poder Ejecutivo, la brecha entre las palabras y las acciones se hace cada vez más evidente.
Por otro lado, el Congreso, lejos de representar los intereses del pueblo, parece priorizar sus propios beneficios. Según un informe de El Comercio, desde el año 2021 se han destinado la astronómica cifra de 120 millones de soles para bonos y aumentos salariales en el Legislativo.
La falta de respuestas solo profundizará la brecha entre la clase política y la ciudadanía, generando un clima de desconfianza y desesperanza en las instituciones democráticas del país.
