Pasadas las exequias de Alberto Fujimori, entre excesos de seguidores y detractores, vendrá la calma en torno a una figura polémica, con un legado objeto de intensos debates con diferentes perspectivas. La clave es el autogolpe de Estado que protagonizó AFF en abril de 1992 con la disolución del Congreso, la intervención en el Poder Judicial y en otros poderes del Estado además de las universidades públicas y otras entidades. Así concentró el poder y consolidó su fuerza para gobernar bajo un sistema autoritario, que erosionó las instituciones democráticas. Esta grave ruptura del orden constitucional enmarca su oncenio, aunque sus seguidores la justifiquen como necesaria para enfrentar la crisis económica del momento. Su figura es polarizadora a pesar de sus aportes para restaurar la paz y mejorar la economía en crisis hiperinflacionaria, siguen pesando la corrupción, la mano dura y las violaciones de derechos humanos que los fujimoristas ´atribuyen solo a Vladimiro Montesinos separando ángeles y diablos. Fujimori será recordado de manera contradictoria: como un líder que estabilizó al Perú en crisis, y un gobernante que cometió abusos de poder y violaciones de derechos y libertades, En el haber están la lucha contra el terrorismo, la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA y la paz con Ecuador. No se olvidan sin embargo su ejecutoria en Japón con su postulación al Senado de ese país ni las acciones sanguinarias del grupo paramilitar Colina, responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, tampoco la sentencia y la prisión que purgó y menos la lucha solitaria de Kenyi por el indulto. Profundizar e investigar con honestidad y propiedad en lo sucedido en el gobierno de AFF nos dará la medida justa de su dimensión, sin odios ni excesos interesados, siempre desde la democracia y el estado de derecho.
