Los cien primeros días del nuevo gobierno, tras el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022, se encuentran ensombrecidos por los desastres naturales producto de las lluvias, pero especialmente por los informes periodísticos que revelan los planes de una conspiración contra líderes de opinión incómodos al gobierno del expresidente Pedro Castillo. Un clima político que nos hace reparar en la ausencia de los debates sobre ideas y gestión en torno a los temas que nos importan en primera línea: salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otras; a la vez de poner énfasis en el papel del Estado como promotor para mejorar las condiciones de bienestar (inversión privada que genere empleo y políticas públicas para promover la igualdad material: luz, agua, desagüe, sistema integral de trasporte público, etcétera).
Los ministros hacen bien en denunciar las irregularidades descubiertas en su sector, pero también deben brindar señales de cambio en la marcha del aparato estatal que evidencie un mejor servicio público para los ciudadanos. El ejercicio de la política no se agota con el qué hacer sino en cómo hacerlo posible en un plazo y costo razonable. En la actualidad, tengamos presente las grandes obras de infraestructura que no tienen cuándo culminar, si su impacto será beneficioso y sin contar su elevado costo final. Los congresistas de oposición deben fiscalizar a los ministros y éstos revelar los avances en su gestión. Los casi setenta ministros en dieciocho meses de gobierno, donde la consigna era la corrupción y consolidación de un nuevo régimen, han dejado profundas heridas en la administración pública.
