En tiempos de campaña electoral general es fundamental que las promesas de los candidatos sean revisadas de manera exhaustiva por las entidades competentes para denunciar una presunta gran estafa. Por ejemplo, algunos malos postulantes a diputados y senadores que ofrecen empleo masivo en caso de ganar una curul, como otros presidenciables que proponen entregar bonos generosos a quienes se encuentran en extrema pobreza. ¿Quién se toma ese trabajito?
Recuerdo un caso peculiar en Áncash, donde un candidato al gobierno regional prometió 500 soles a cada familia pobre. Se trataba de Waldo Ríos y, por supuesto, ganó la elección con semejante burrada. La gente que prefiere votar por alguien que, al menos, ofrezca obtener unas monedas sin hacer nada, le regaló el voto con la esperanza de recibir ese beneficio. Ya sabemos que eso era imposible, por lo que el gobernador fue desplumado por estafar al electorado y expectorado posteriormente.
Los medios de comunicación cumplen una labor importante como agentes descubridores de mentiras. Esta revisión de promesas electorales en plazas y calles no puede ser truncada por amenazas de juicios de parte de los candidatos en falta. Sé que muchos intentan desacreditar a los periodistas cuando la verdad les afecta o se sienten pillados. Sin embargo, es preferible una prensa con errores que restringida por el poder. Los ciudadanos también juegan un rol preponderante al momento de desenmascarar a los candidatos mitómanos. En la política no todo vale, por lo que queda como responsabilidad de cada elector hacer juicios de valor sobre lo que le pretenden ofrecer, que no le vendan gato por liebre y que tampoco se deje seducir por promesas inalcanzables. Y, vale la pena recordar, que la tarea pendiente es tener electores bien informados, que no participen solo para evitar una multa, sino que se hagan cargo de sus votos.
