Hace 19 años se aprobó la primera legislación sobre “Lobby” en nuestro país (Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública), convirtiéndonos en pioneros de América Latina en regular esta actividad. Andrew Carnegie, empresario industrial estadounidense nacido en 1835 señalaba con mucha sabiduría que “El mejor momento para expandirse, es cuando nadie se atreve a tomar riesgos” y eso es precisamente lo que hizo el Perú: anticiparse y fijar una norma que propiciaba la transparencia de la participación privada en asuntos públicos de interés colectivo.

El derecho de “petición” de los ciudadanos está consagrado en el primer capítulo de nuestra Constitución. Así, el ejercicio de este derecho alcanza la potestad que tenemos para organizarnos y dirigirnos, de manera personal o colectiva ante las autoridades o funcionarios públicos, con la finalidad de “argumentar” a favor de distintas posiciones e influenciar las decisiones finales que puedan afectarnos.

Hacer “lobby” significa, en buen cristiano, hacer “antesala” a una determinada opción y ganar espacio en los procesos de toma de decisiones. Estas “gestiones” las pueden realizar distintos colectivos o grupos de interés, desde ONG,V sindicatos, hasta empresarios. El lobby en América Latina ha estado en pujante crecimiento, a la par del desarrollo de nuestras democracias, y ha sido regulado posteriormente en algunos países de nuestra región , como son los casos de Chile, México, Colombia y Argentina. Defender intereses propios y legítimos ante las autoridades que toman decisiones, no es lo mismo que cometer un delito o infringir la ley, tampoco pasa por coimear a las autoridades para imponer posiciones ni ejercer un privilegio o un abuso de posición, se trata del ejercicio de un derecho de expresión y de participación democrática muy puntual, en la toma de decisiones que afectan el bien común. John F. Kennedy describía la eficacia de los lobistas: “me hacen entender un problema en diez minutos, mientras mis colaborares tardan tres días”.

Parte de la anarquía de muchas sociedades en el siglo XXI pasa por el irrespeto a la Ley. Todos los ciudadanos debemos someternos a su imperio y respetarla para poder coexistir en espacios sociales, razonables y civilizados. Formar un “Club del Tarot” donde se intervenga ilegalmente el portal de contrataciones públicas del Estado para acceder fraudulentamente a información privilegiada y poder imponer una propuesta de compra o de obra pública a menor precio y llevársela en bandeja, no es ni por asomo un “lobby” es una acción delincuencial. Debemos aprender a poner las etiquetas correctas a las acciones incorrectas, de manera que se desmitifique la gestión legitima de intereses de la conducta delictiva o criminal.