Tal como sucedió meses atrás con los transportistas de pasajeros, esta vez un grupo de barberos de Lima afectados por la criminalidad ha anunciado para hoy una movilización en el centro de la ciudad para exigir al gobierno acciones concretas y rápidas contra asesinos, asaltantes y extorsionadores que han puesto la puntería en sus negocios, muchos de ellos pequeños emprendimientos, donde en los últimos meses 20 trabajadores han sido asesinados o heridos.

Tienen toda la razón para reclamar a quienes son los llamados a garantizar su derecho a trabajar en paz, sin tener que dar parte de sus ganancias a delincuentes o ser atacados a balazos como sucedió con el joven barbero de Chorrillos, Anthony Yumbato Panduro (18), que recibió dos tiros en la cabeza de parte de un hampón venezolano que trató de robarle el celular dentro de su negocio. En días posteriores, otros dos trabajadores del mismo rubro han corrido la misma suerte.

Lamentablemente, a este paso, dentro de poco vamos a tener en las calles reclamando ya no solo a los transportistas y barberos, sino también a los bodegueros, chiferos, anticucheros, gasfiteros, confeccionistas de ropa, productores de zapatos, lustrabotas, vendedores de diarios y todo aquel que desde la formalidad o informalidad hace lo posible por ganarse un dinero para llevar a casa, mientras en el gobierno no hay voluntad política de hacer frente a este grave problema que todos los días cuesta vidas.

La extorsión en el Perú se ha vuelto una plaga, una peste que no puede ser controlada por la policía, y menos por jueces y fiscales que a veces parecen ser cómplices de los hampones arrestados. Sin embargo, esto no es de ahora. Viene sucediendo desde hace por lo menos 20 años en diferentes ciudades como Piura, Chiclayo y en especial Trujillo, pero estas terribles experiencias no han servido para, a estas alturas, encontrarnos en condiciones de hacer frente de manera efectiva a estos delincuentes.

A los peruanos solo nos queda esperar a que el próximo gobierno haga algo y no continúe con la inacción de sus antecesores, pues en los meses que le faltan a la administración de Dina Boluarte no se puede esperar nada, y menos si su “gestión” está centrada en apagar los incendios generados por escándalos como los de sus relojes o los de sus intervenciones estéticas sin seguir los procedimientos que manda la Constitución. Y mientras tanto, los barberos, choferes y demás, seguirán siendo atacados a balazos.