Al generarse un escenario de riesgo para la Seguridad Nacional, el gobierno tiene el deber de establecer un régimen de excepción. Esta condición, que incluyó pérdidas humanas y grave daño a la economía, hizo que –desde el 14 de diciembre pasado, en Lima y diversas localidades– se declare el estado de emergencia suspendiendo, entre otros, el derecho “a reunirse pacíficamente sin armas”.

Reclamar por una idea sin fundamento podría ser aceptable, pero nunca es admisible si legalmente se ha restringido estas acciones. Tampoco es tolerable la inercia, permisividad o la apología de la violencia. En consecuencia, si alguien desobedece la ley, es imperativo corregirlo.Cuando la protesta persigue la anarquía en perjuicio de la seguridad de la Nación, urge “proteger a la población, de la infiltración ideológica, antidemocrática, subversiva y fundamentalista que procure destruir nuestra cultura y ridiculizar nuestras tradiciones, para transformar las estructuras del Estado e imponer un sistema totalitario”.Por tanto, es imprescindible comprender que las autoridades cumplen su responsabilidad al restaurar el orden de manera efectiva, evitando que la necedad supere al imperio de la ley. Finalmente, los ciudadanos también deben entender que –frente a tanta exigencia ilegal– hacerse de la vista gorda, es equivalente a dejar que sus hijos adolescentes hagan del cuerpo en su comedor.

TAGS RELACIONADOS