No es un secreto que el Perú enfrenta una crisis alarmante en la lucha contra la delincuencia. El aumento de asaltos, extorsiones, asesinatos y secuestros ha pasado de ser un tema marginal a ocupar un lugar central en el debate nacional. La situación es tan grave que empresas de transporte han tenido que cesar operaciones y emprendedores ven sus sueños desmoronarse ante las amenazas del crimen organizado. En Piura, por ejemplo, ya son 447 los negocios que han cerrado sus puertas, reflejando un panorama desolador que afecta la vida cotidiana de miles de peruanos.
El gran problema radica en la incapacidad del Gobierno para ofrecer respuestas efectivas a corto o mediano plazo. No se vislumbra un plan de seguridad que se ajuste a las necesidades del país. La presidenta Dina Boluarte y su gabinete parecen no estar a la altura de una de sus funciones más esenciales: garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esta falta de acción no solo alimenta la desconfianza hacia nuestros gobernantes, sino que pone en riesgo la confianza en el funcionamiento de la democracia.
Las cifras son contundentes. Según la última encuesta de Datum, un abrumador 86% de los peruanos se siente inseguro en las calles. En Lima y Callao, esta cifra se eleva a un preocupante 93%. Estos números no son solo estadísticas; son un reflejo de la angustia y el temor que vive la población ante el incremento de la delincuencia. La alarma social que esto genera es palpable y exige una respuesta inmediata.
