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A tres años de conmemorarse el bicentenario de nuestra independencia y el nacimiento del Perú como República, estamos muy lejos aún de encontrar el “norte” que nos conduzca al desarrollo que otros países, con menor o igual tiempo de vida independiente, ya están logrando.

Este aniversario nos halla inmersos en una de las más profundas crisis de credibilidad de casi todas nuestras instituciones públicas, que pone en peligro la propia gobernabilidad democrática. Nos embarga la incertidumbre. ¿Por qué estamos en esta situación?

En los tres gobiernos del presente siglo (de Toledo, García y Humala), pese a mantener la Constitución de 1993 y el modelo económico que en ella se instauró, no solo no se emprendieron las reformas institucionales del Estado que la modernidad exige, sino que, al contrario, se incurrió en graves actos de corrupción que afectaron los recursos del fisco, como lo ha destapado el caso Odebrecht.

En las elecciones del 2016, llega al gobierno Kuczynski, apoyado, fundamentalmente, por un conglomerado de colectivos de izquierda radical, cuyo único fin era evitar que Keiko Fujimori asuma la Presidencia. Tampoco supo liderar las reformas necesarias.

Tras un pedido de vacancia frustrada y una renuncia inevitable, asumió la Presidencia Martín Vizcarra, quien, empujado por las circunstancias, anunció que emprenderá una reforma del sistema de justicia, cuyos resultados se verán en el largo plazo.

Lamentablemente, en los dos últimos años, la agenda pública ha estado marcada por la filtración a determinada prensa de videos y audios grabados subrepticiamente (legal o ilegalmente, según el caso) a personajes públicos en situaciones comprometedoras. El caso Chinchero, la corrupción de Odebrecht, la compra de votos en el Congreso, la corrupción en el CNM y en el PJ. Todos temas coyunturales, salvo el último, que postergan las grandes reformas que el Perú requiere. A ese ritmo, ¿qué “destape” vendrá luego?