Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos de violencia durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte ha generado diversas reacciones en nuestro país. Estamos seguros que este documento lo han redactado personas honestas, pero también han participado algunos interesados que buscaron con urgencia sombras para poner en tela de juicio al Estado peruano. Probablemente el tema ideológico los haya sobrepasado.
Para muchos, se trata de un informe sesgado ya que no se ha puesto énfasis en las violaciones a los Derechos Humanos de los extremistas, quienes produjeron la destrucción de edificios públicos, locales privados y aeropuertos, además de la paralización de actividades comerciales de miles de emprendedores y la muerte de un policía. Sería bueno que reconozcan también que las marchas de protesta se fueron infiltrando por radicales y violentistas, postergando y atemorizando a la gran mayoría de la población.
Por supuesto que hubo excesos, pero ya nuestros organismos de justicia los están investigando y “se determinarán las responsabilidades”, como dijo ayer la presidenta Dina Boluarte.
Es cierto que el Gobierno no pudo responder con eficacia ante el embate de los vándalos, debido a su alto grado de improvisación, pero eso no significa que haya elegido la barbarie, como lo deja entrever la CIDH al hablar de la posibilidad de que hayan ocurrido ejecuciones extrajudiciales y hasta una masacre. Eso es inadmisible.
