Las últimas encuestan indican que el 24% de la población del país ha sido víctima de robo el último año, 33% en Lima. De otro lado, el 11% asegura que fue asaltado con armas de fuego, 18% en la capital. A nivel nacional, el 7% fue víctima de extorsión.
El 73% del país se siente inseguro y en Lima es el 81%. Cómo no estarlo si hasta inicios de octubre se perpetraron 1493 asesinatos, poco más de cinco asesinatos diarios. Es evidente que la delincuencia gana terreno.
Este Congreso ha aprobado siete leyes favoreciendo la delincuencia: manipulación del plazo de prescripción, recorte del plazo de colaboración eficaz, modificación del concepto de organización criminal, eliminación del factor sorpresa en los allanamientos al requerirse la presencia del abogado defensor, límites a la incautación de material de la minería ilegal, exclusión de los partidos de responsabilidades penales, amnistía de terroristas y exmilitares por delitos de lesa humanidad antes del 2002.
Combatir la inseguridad y la delincuencia necesita autoridades y ciudadanía. La construcción de un gran frente contra la delincuencia requiere leyes adecuadas, cambio del ministro del Interior, Juan José Santivañez, investigado judicialmente por encubrimiento de la presidenta Dina Boluarte.
Necesitamos un nuevo liderazgo, desde el Ejecutivo sí, pero con autoridad y legitimidad, y para ello debiera empezarse por facilitar, esclarecer y colaborar con las investigaciones que la Fiscalía realiza, o pueden dejar la Presidencia de la República y adelantar las elecciones generales para intentar empezar a salir del hoyo en el que nos debatimos.
