En un nuevo acto que pone en entredicho la integridad del Congreso, la Comisión de Ética cerró filas y decidido blindar al titular del Legislativo, Alejandro Soto, en medio de acusaciones que pesaban en su contra. Esta decisión, que archiva la denuncia por la contratación de la tía de su hijo y por un presunto recorte de sueldo a sus trabajadores para financiar la mejora de su imagen en redes sociales, ha pronunciado la desconfianza de los ciudadanos por esta institución.
Luego de la visita de 13 congresistas a Rusia y la fiesta que terminó con un homicidio, en la que se encontraba una parlamentaria, el blindaje al presidente del Congreso es otra demostración que los intereses políticos prevalecen sobre la justicia y la ética en este poder del Estado. Continúan su rumbo tan mezquino, ciegos y sordos al clamor de la gente que pide transparencia, atentos solo a sus apetitos e intereses.
Lo más alarmante de esta situación es que existían pruebas y señales claras que respaldaban las acusaciones. Sin embargo, en lugar de llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, los congresistas de varias bancadas optaron por blindar a Soto, cerrando así la puerta a la justicia y la rendición de cuentas. Esta decisión envía un mensaje peligroso a la sociedad peruana: que la impunidad prevalece sobre la responsabilidad y la ética en el Congreso. El mayor problema es que los legisladores no perciben la gravedad de sus hechos y no llegan a tener conciencia que están mandando la democracia al abismo.
