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Un baldazo con agua fría ha sido para Israel que el Consejo de Seguridad de la ONU vote una resolución pidiéndole poner fin a los asentamientos judíos en los territorios palestinos. Se trata de una resolución que marcaría el punto de quiebre en el asunto que judíos y árabes mantienen desde hace ya varias décadas. El problema entre ambos pueblos no es religioso sino de tierras. Después de la Guerra de los Seis Días (1967) en que Israel invadió, en una acción relámpago, la Palestina y prácticamente todo el Sinaí, inició una política de permanencia en territorios que no le pertenecían. Los palestinos fueron expulsados de sus propios territorios convirtiéndose en refugiados e Israel dio paso a los denominados asentamientos judíos que no son como los lugares marginales que se hallan en los espacios periféricos de las principales urbes de nuestro país. Esta realidad hace más compleja la idea de que el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acepte la idea de volver al statu quo anterior a la guerra. Debería hacerlo pero no lo hará en lo inmediato. Al contrario. El gobierno israelí acaba de mostrar su frontal oposición con la medida de la ONU e incluso podría decidir reacciones en el tamaño de represalias económicas, como dejar de pagar cuotas de organizaciones internacionales mantenidas con sus importantes aportes. Habrá un problema mayor porque esta vez Washington no ha votado a favor de Israel en la ONU, impactando a la alianza estratégica que mantiene con Tel Aviv. Ansioso, Netanyahu esperará la posición de Donald Trump cuando asuma el poder el próximo 20 de enero, pero más allá de lo que este decida, a mi juicio, el proceso del reconocimiento de Palestina como Estado pleno de la ONU y con derecho a recuperar los territorios que le fueron arrebatos, se torna inexorable.